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POLITICA

Otra pesadilla para los ciudadanos

Peajes

En los próximos días un fallo del Poder Judicial podría aumentar el precio del peaje en las garitas concesionadas a Línea Amarilla en Lima Metropolitana.

Silvana Carrión procuradora ad hoc del caso Lava Jato advirtió que están a la espera de que resuelva la apelación de la empresa Lamsac con la que el precio en las garitas de este peaje podría volver a ser de S/ 5.70. Una decisión del Poder Judicial que espera conocerse en los próximos días podría resultar en el aumento del precio del peaje en la Línea Amarilla.

 

PARTE DE UN REAJUSTE

La procuradora Silvana Carrión, defensora del Estado peruano en casos vinculados a Odebrecht y otras constructoras relacionadas al caso Lava Jato, explicó que en diciembre del 2019 consiguieron que el juez anticorrupcion Jorge Chávez Tamariz ordene que el precio de dicho peaje baje de S/ 5.70 a S/5.20, tarifa que se mantiene a la fecha.

Esto se dio como parte de un proceso por corrupción contra Domingo Arzubialde, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, quien ya fue condenado por irregularidades en el contrato de la concesión de Línea Amarilla. Este proceso todavía sigue en marcha para lograr una reparación civil de parte de Lamsac y un eventual reajuste permanente del peaje, pero hasta entonces se consiguió la rebaja de 50 céntimos como una ‘medida anticipada’ o temporal.

 

APELARON

La rebaja temporal entró en vigencia en enero del 2020, pero la empresa Lamsac -hoy llamada Lima Expresa SAC- apeló la decisión del juez. La audiencia para ver dicha apelación finalmente se realizó el 25 de enero de este año y estuvo a cargo de la Sala de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El abogado de la empresa, Luis Vargas Valdivia, argumentó allí que el precio del peaje era materia de un arbitraje internacional y que un juez peruano no podía decidir sobre una rebaja, por lo que el precio debería volver a ser de S/ 5.70. Por su parte, la Procuraduría pidió que se ratifique la rebaja a S/ 5.20, al considerar que la tarifa de S/ 5.70 se estableció a través de hechos de corrupción que ya fueron probados con la sentencia a Arzubialde.

La Sala de Apelaciones dejó su decisión al voto ese día y un mes después, la resolución aún no se conoce. De dicha decisión dependerá si el precio del peaje sube a S/ 5.70 o si se mantiene en S/ 5.20.

 

TARIFA ILEGAL

La procuradora Silvana Carrión estimó que en los próximos días la Sala deba tomar una decisión al respecto. Según explicó, esta medida anticipada estaba dirigida “a que cesen los efectos de un delito” debido a que a Domingo Arzubialde se le condenó por haber aplicado de manera ilegal la tarifa del peaje desde el 2003.

“El Estado peruano tiene derecho a que se cesen los efectos de ese delito, que se ven materializados en la mala aplicación de la tarifa del peaje. Lo que nosotros estamos invocando, y esperamos que la sala así lo considere, es que la reparación al Estado peruano no es solo desde el punto de vista económico, sino integral”, destacó.

“Lo que va a pasar si se revoca esta medida es que el ciudadano va a tener que volver a pagar 50 céntimos más diariamente por todas las garitas de peaje que tiene la concesión, que son como siete u ocho”, alertó.

 

DEBILIDAD DEL ESTADO

El analista político Hernando Cevallos manifestó a Diario UNO: “Uno de los motivos es la debilidad del Estado en rol del cobro de peajes en medio de la pandemia, porque hay un porcentaje muy alto de ganancias de las empresas concesionarias. Es un espacio que el Estado cede a estas empresas, y que perjudica a la población que no sólo vive una crisis sanitaria sino también económica”.

“Además no deja espacio para que el propio transporte se pueda aliviar y seguir los protocolos sanitarios porque presiona más sobre las unidades”, aseguró.

 

CORRUPCIÓN FAVORECIDA

“Lo otro es la corrupción, porque los casos de las constructoras brasileñas corruptas están casi paralizadas por la pandemia. Y todas las denuncias que hubo de coimas para obtener la concesión de los peajes no han terminado. Sobre todo por el lado de las empresas, porque salvo algunos funcionarios que han sido denunciados, las constructoras siguen funcionando, no hay ninguna sanción contra ellas. Lo cual demuestra también una enorme debilidad en el aparato judicial en estos casos”, refirió Cevallos.

 

ALGO MÁS

Asimismo, subrayó: “Como siempre las empresas salen beneficiadas y la pita se rompe por el lado más débil, y se le carga al ciudadano en el precio del peaje que es el que paga, sea con su automóvil o con las unidades de transporte. Ahí debería tomarse la decisión de que en tiempos de pandemia se mojen los que más tienen”.

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