Diario El Bono
POLITICA

Intereses económicos obstaculizan defensa de derechos humanos

Policía contramanifestaciones

220 DEFENSORES HAN SIDO ASESINADOS

En Perú, la defensa de los derechos humanos es hoy una actividad de grave riesgo. 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas desde el 2011, denuncian la CNDDHH y el Observatorio (OMCT-FIDH) en el informe “Socavando Derechos”.

La conflictividad y las protestas sociales en el Perú se han agudizado en el último año, en pleno contexto de pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Distintas acciones, pero siempre bajo un mismo esquema sostenido en la represión y la vulneración de derechos. El uso del sistema de justicia contra quienes defienden los derechos humanos, las trabas al derecho a la protesta social y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o las declaratorias de emergencia, responden a un mismo patrón de actuación que obstruye el ejercicio del derecho a la protesta.

“Hemos sido testigos en los últimos meses de la exacerbación de los abusos policiales contra una población que sale a protestar a causa de la grave crisis institucional, la precarización de las condiciones laborales y/o la defensa del derecho a la vida y la salud; la población está cansada que se privilegien los intereses de los grupos de poder. Urge responder a las necesidades de la gente y a los problemas estructurales del país respetando escrupulosamente los derechos humanos”, dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.

Los asesinatos de Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, y Roberto Carlos Villanueva Pacheco por denunciar el impacto ambiental en sus territorios de distintas empresas extractivas evidencian el nivel de riesgo que enfrentan particularmente las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

“El informe documenta cómo la decidida apuesta por el modelo extractivista en el Perú ha tenido por efecto que, además de socavar territorios, el Estado esté socavando derechos. Las autoridades que salgan de las elecciones generales tienen la obligación moral y legal de revertir esta tendencia”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

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